Organizaciones del Sector Social del Pacto Eléctrico plantean: El gobierno debe revocar el severo aumento de la tarifa eléctrica, frenar los planes privatizadores en el sector energético y completar la discusión del Pacto Eléctrico.
Organizaciones del Sector Social del Pacto Eléctrico rechazan el abusivo aumento de la Tarifa Eléctrica, que casi triplica la factura a las familias que consumen menos de 300 kvh y que son más del 90% de los/as consumidores/as, mientras se dispone rebajas a favor de los grandes usuarios y compradores de electricidad, castigando brutalmente la economía popular, como ha determinado recientemente la Superintendencia de Electricidad. Este “Palo acecha´o”, aun como fórmula progresiva, es inaceptable para las familias y el pueblo consumidor. Esta es solo una muestra de las verdaderas intenciones con que se simuló la firma de un documento de Pacto Eléctrico, viciado de ilegalidad y de irregularidades institucionales, que solo pretendían asegurar impunidad a la estafa de Punta Catalina y garantizar el negocio de los grandes generadores y compradores de electricidad.
El verdadero objetivo de simular el Pacto Eléctrico en febrero pasado, ha quedado al desnudo con la decisión de elevar la tarifa al consumidor, asegurar los negocios de los generadores y grandes compradores de energía y facilitar impunidad en la estafa de Punta Catalina. Es claro que no hubo ni hay Pacto Eléctrico. Este ha sido un proceso sucesivamente abortado. Ahora se vuelve sobre lo mismo, solo cediendo a las presiones de los grupos monopólicos del sector generador y de los grandes compradores de electricidad. Las organizaciones de la sociedad civil participantes del proceso del Pacto Eléctrico, hemos cuestionado tanto la forma en que fue “firmado” como el contenido incompleto del referido documento de Pacto Eléctrico. Esas situaciones nos llevaron a no firmar el citado pacto. No se ha respetado el debido proceso, violentando nuestro derecho a la participación y, por tanto, irrespetando la constitucionalidad del Pacto. Y ahora es peor porque se vuelve a violentar la institucionalidad del Consejo Económico y Social, pues sin que este haya aprobado formalmente, se anuncia un Decreto del Poder Ejecutivo, indicando la supuesta aprobación de un REGLAMENTO DEL PACTO ELÉCTRICO, que no fue refrendado por el Sector Social legítimamente representado en la Comisión de Veeduría del CES, en la Comisión Ejecutiva y los restantes órganos de dirección del CES.
La pública aceptación, por parte del gobierno, en voz de autoridades del sector y del propio Presidente de la República, de que “el Pacto Eléctrico debía ser completado”, es el mejor testimonio de que el documento del Pacto excluyó elementos fundamentales propuestos por el Sector Social, que fueron calificados como disensos pendientes o simplemente omitidos. En tal virtud, solicitamos una vez más, ahora públicamente, ante el trato que se da a los diferentes sectores de la sociedad civil, empeñados en hacer aportes para la construcción de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales, ser escuchados por las instancias habilitadas para construir consensos y concertación en la sociedad, siempre con el firme propósito de defender los intereses de la ciudadanía y los bienes públicos de todos y todas. Como concluyamos el Pacto Eléctrico será un claro ejemplo de lo que podríamos esperar de los debates y discusiones sobre reformas y políticas públicas respecto de los diversos temas de interés para gobernantes y gobernados en la República Dominicana, incluidos los propuestos por el propio Presidente de la República.
Firmantes: 1- Foro Ciudadano (FC) 2- Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa y Comunitaria (IDEAC) 3- Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECON) 4- Articulación Nacional Campesina (ANC) 5- Ciudad Alternativa 6- Asociación Nacional de Comerciantes Detallistas 7- Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP-UASD) 8- Federación Nacional de Asociaciones Discapacidad (FENADIS) 9- Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) 10- Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA) 11- Fundación Justicia y Transparencia (FJT) 12- Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CONDETRE) 13- Hermandad de Pensionados de la CDEEE (HEPEJCODE)
Anexo a la Declaración de Prensa: Argumentos puntuales sobre el tema de la Tarifa Eléctrica Sobre el tema de la tarifa vemos con preocupación la forma en que se pretende aplicar una tarifa de transición, que no fue debidamente consensuada en los debates para arribar a un Pacto Eléctrico, y que sin haber hecho un consenso se pretende aplicar a partir de la resolución de la Superintendencia de Electricidad SIE 075-2021, usando una tarifa de referencia mal sustentada en la tarifa indexada basada en un estudio de pliego tarifario que ya caducó, pues data del año 2011, con una adecuación muy cuestionada de fecha 2016, de acuerdo a lo establecido en el articulo 119 de la Ley General de Electricidad, y que asigna un valor de RD$11.27/kWh para la tarifa de referencia en la Baja Tensión Simple (BTS), que se pretende aplicar sin ningún subsidio cruzado, con lo cual se triplicaría la tarifa actual para los consumidores de menos de 200 kWh mes al final de la duración de la misma.
Estos consumidores constituyen algo más del 60% de todos los consumidores registrados por las empresas distribuidoras eléctricas y los más vulnerables por su situación económica. Aumentos considerables se aplicarían a los demás sub bloques de la BTS, que afectarían a más del 97% de todos los consumidores del servicio eléctrico, por lo que cualquier aumento que afecte a la BTS debe ser muy bien discutido y ponderado. Para la valoración de dicho aumento no se ha tomado en cuenta que dicha tarifa de referencia también se indexaría con los aumentos de los precios de los combustibles y la tasa de cambio, por lo que el aumento seria aun mayor durante el periodo de aplicación de la tarifa de transición.
En tal sentido exigimos que ante de su aplicación se realice un estudio de tarifa sobre las premisas establecidas en la Ley General de Electricidad y su reglamento de aplicación, así como en base a los acuerdos consensuados en el borrador para un pacto eléctrico, y donde se reconozcan los cambios en la estructura de los costos de producción de la energía eléctrica en la República Dominicana, con empresas de distribución adecuadamente dimensionas y eficientemente administradas, y en su defecto que se llegue a un acuerdo sobre la tarifa de referencia a aplicar, simulando la tarifa técnica referida en la Ley, en base a las anteriores premisas.
De hacerse esto, aunque los ajustes tarifarios no llegarían a más de un 62% en ese sub bloque, que, si se combina con una adecuada aplicación del bonoluz para los que consuman menos de 100 kwh, el atenuado aumento casi no tendría efecto para los que sí necesitan de un subsidio al consumo de electricidad, un servicio de utilidad pública y de primera necesidad, del que nadie puede prescindir y que el Estado Dominicano debe garantizar para toda la población. También vemos con preocupación la falta de planes específicos al propósito de garantizar de manera sostenible y económica un suministro eléctrico continuo, y la carencia de un plan nacional para la transición energética objetivo y posible, el cual obliga a una planificación de largo plazo por un periodo no menor de 30 años, y que debe ser parte integral del plan de expansión a costo mínimo que hemos estado reclamado.
Reiteramos en forma precisa, entre otras, las siguientes propuestas: 1. Estatuir y reiterar el servicio eléctrico como un servicio público con garantía de derecho de acceso universal para todos los hogares de dominicanos/as y de residentes, incluyendo el reembolso a los/as usuarios/as de los costos de la energía no servida, que establece el artículo 93 de la Ley General de Energía. 2. Establecer un sistema de tarifas, basado en el artículo 110 de la Ley General de Electricidad, para garantizar el acceso universal continuo y de calidad, especialmente a la población más empobrecida y de bajos ingresos.
Para ello se requiere una metodología de determinación transparente y hacer publicación de tarifas, al menos con 30 días de antelación a su aplicación, como establece el artículo 118 de la referida Ley. 3. Incluir garantías para la preservación, reproducción y acumulación del patrimonio y bienes comunes del pueblo dominicano, como base de seguridad de acceso universal del servicio eléctrico y en cumplimiento de las leyes y la Constitución. 4. El desarrollo del sistema eléctrico debe estar fundamentado en un plan de expansión a costo mínimo, de al menos 20 años, renovable, de acuerdo con las necesidades de sostenibilidad, con carácter obligatorio para todos los sectores. 5. Garantizar un alumbrado público continuo de calidad y pagos de uso del espacio aéreo y subterráneo a los ayuntamientos, gestionado con transparencia en las contribuciones. 6. Realizar auditorías técnicas y financieras a todas las empresas eléctricas públicas y privadas, como forma de iniciar el proceso de transformación del sistema eléctrico dominicano, en base a la transparencia e informaciones fiables, en función de un sistema de veeduría social del proceso de funcionamiento y desempeño del sistema transversalmente, como siempre propusimos y defendimos en las discusiones del pacto. 7. Auditorías económica, financiera y técnica de la ejecución y operación de la Central Térmica “Punta Catalina”, como patrimonio público innegociable, articulando, como formalmente propuso el Sector Social, UN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS PARA LA TERMINAL PUNTA CATALINA, que asegure y garantice el más riguroso control de sus emisiones y productos residuales, en una lógica de progresiva de sostenibilidad ambiental, en armonía con los convenios internacionales suscritos por el país y referidos al tratamiento del uso del carbón mineral. 8. Establecer el plan nacional para la transición energética, que cubra hasta el año 2050, incluyendo el uso prioritario de las energías alternativas y la movilidad eléctrica, con todas las previsiones, para que se pueda cumplir, como parte del plan de expansión del Sistema Eléctrico Nacional.
